EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

CONSTITUCIÓN, CIUDADANÍA Y DERECHOS

La investigación interpela las bases sobre las cuales se construyó al ciudadano y una concepción de país segmentado por castas, en las cuales se forjaron patrones de estatus y de marginalidades, que reverberan hasta la actualidad.

La ciudadanía, como otros conceptos ligados por la Modernidad, se encuentra en constante cambio. Como propone Martín Hopenhayn (2000) “la ciudadanía es un concepto y una práctica en mutación” (109). La noción moderna de ciudadanía se enmarca en una pretendida universalidad de los derechos humanos; derechos que anticipan dicha particular universalidad, al instaurarse bajo el título de Derechos del hombre y del ciudadano, entendidos acá con específica determinación de género. Derechos que, en su alborada, se configuran desde la posibilidad jurídica del sujeto de contraer libremente obligaciones.

 

Con el transcurrir de los últimos doscientos años, la concepción del ciudadano y su tránsito hacia la noción ampliada de ciudadanía, ha extendido su rango de los derechos civiles y políticos hasta los económicos, los sociales y los culturales y, más recientemente, los colectivos. Y en tal sentido, se establece como ciudadano al individuo que en tanto sujeto de derecho, es reconocido como integrante de una sociedad que lo declara libre e igual.

 

Avanzada la segunda década del siglo XXI, resulta insuficiente ese estatus social del ciudadano. Como insuficientes el sentido de pertenencia y el reconocimiento social; la conciencia política; la participación en la esfera pública; los derechos y deberes ligados al Estado y al territorio. Ahora, la ciudadanía se instituye sobre las demandas de reconocimiento de las diferencias y el pleno ejercicio de la identidad. Según pregona Hopenhayn, cuando se trata de ciudadanía, la diferencia hace la diferencia.

 

Ahora bien, desde otra perspectiva, esta diferencia no está ya en la posibilidad de acceder a una ciudadanía diversa, democrática e incluyente. Más bien, se trata de una ciudadanía diferencial que, siguiendo al científico social indio Partha Chatterjee (2008), establece una diferenciación entre quienes poseen la condición de ciudadanos “decentes” y otros  considerados ciudadanos de segunda clase, “indecentes”. Así mismo señala, más radicalmente, que existe una distinción entre ciudadanos y poblaciones: entre los primeros, quienes participan en la soberanía del Estado-nación y se enmarcados en el campo teórico; y  los segundos, percibidos en el campo político, quienes conforman grandes proporciones de seres manipulables que habitan dicho Estado-nación, siempre en condición de marginalidad. Esta manera de entender, jerarquizar y diferencias al ciudadano se gesta en los modos en que las élites criollas edificaron la república.

 

Ejemplo de ello pueden observarse en el primer documento que constituye nuestro corpus de investigación, el Acta de la constitución del Estado libre e independiente del Socorro, promulgada el 15 de agosto de 1810:

Asimismo se declara que desde hoy mismo entran los indios en sociedad con los demás ciudadanos de la Provincia a gozar de igual libertad y demás bienes que proporciona la nueva Constitución, a excepción del derecho de representación que no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces necesarias para hacerlo personalmente (Melo s.f., 5).

 

Esto es, una categorización de ciudadanos lúcidos y otros en menor condición: los indios Otras poblaciones, como los esclavos, no alcanzaban ni siquiera a conformar en el más bajo eslabón  la categoría de ciudadanos. Con el transcurso de los años, en las distintas actas de constitución se irán sumando otros criterios de exclusión, como registra la Constitución de Cundinamarca, del 4 de abril de 1811.

 

…Tampoco pueden ser miembros de la Representación Nacional los dementes, sordomudos, ni los de tal manera baldados o lisiados, que se les dificulte gravemente el ejercicio de las funciones propias de la Representación Nacional. Ni serán admitidas en ellas las personas contra quienes, conforme a la Constitución, se haya pronunciado decreto de prisión en causa criminal; ni los fallidos, ya sean  culpables o ya inculpables, sino es que estos últimos hayan salido del estado de insolvencia, ni los deudores ejecutados del Tesoro público, ni los transeúntes, ni los vagos, ni los que hayan sufrido pena infamatoria, ni los que vivan a expensas de otro en calidad de sirvientes domésticos, ni los que carezcan de casa abierta, ni los que tengan menos de seis años de vecindad, ni los que hayan dado muestras positivas de ser opuestos a la libertad americana y consiguiente transformación del Gobierno. (Melo s.f., 14)

 

Sin duda, frente a la gran cantidad de constituciones que se proclamaron en las provincias o en la unión con otras emergentes naciones, la actual noción de ciudadano prefigura una inclusión generalizada de cada nacional colombiano. No obstante, nuestra intencionalidad está en revisar cómo la construcción discursiva del concepto de ciudadano desde las constituciones nacionales presentes en siglo XIX prefigura los estándares de exclusión por los cuales  –trascendiendo la letra y los principios jurídicos – avanzado el siglo XXI cohabitan en nuestro territorio ciudadanos de primer orden y poblaciones marginales.

 

 

COMUNICACIÓN-PAZ/CONFLICTO

Grupo de investigación

Comunicación - Paz/Conflicto

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

Universidad Santo Tomás

Facultad de Comunicación Social

Unidad de investigación - 2016

PALABRAS CLAVES

Ciudadano

Derechos

Libertades

Nación

Constituciones

Siglo XIX

DISEÑO Y  REALIZACIÓN: CLARA VICTORIA MEZA Y EDGAR MANCHEGO / BOGOTÁ 2017